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Los Administradores de Personas Jurídicas Privadas y su responsabilidad en el Nuevo Código Unificado

Este tema es de suma importancia para aquellos que les toca dirigir personas jurídicas privadas, y lo abordaremos en varias publicaciones, siendo esta la primera de ellas. Hemos tomado distintos autores y editoriales para tratar de introducir a nuestros amigos en algunos Tips importantes del nuevo tratamiento jurídico que se aplicará a partir del 1/8/2015.

En este caso hemos efectuado una compilación de un trabajo realizado por profesionales de reconocida trayectoria como FRANCISCO JUNYENT BAS y MARIANA I. MEZA, presentado por ERREPAR para sus suscriptores y compilado en varias partes, con algunas apreciaciones nuestras sobre la materia, tratando de extraer lo más relevante para ustedes.

El nuevo ordenamiento jurídico ha distinguido la «PERSONA HUMANA» de la «PERSONA JURIDICA PRIVADA», reconociendo que la primera tiene derechos y contrae obligaciones en forma preexistente a cualquier ordenamiento jurídico, en cambio la segunda, su personalidad y por ende la capacidad de contraer derechos y obligaciones, se lo da la ley y está limitada al cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.

Se mantiene la diferencia patrimonial entre la persona jurídica y la/s persona/s humana/s que la puedan llegar a conformar. También distingue entre los derechos y obligaciones internas y externas que la persona jurídica tiene.

Lo distintivo, y progresista, es el reconocimiento tutelar que hace en algunos casos especiales, como ejemplo el que le otorga a algunos acreedores involuntarios o con poco poder negocial, que les podría haber permitido mejorar su condición acotando los riesgos o incrementando sus garantías. Lo que se pretende es sancionar patrimonialmente a quien traslade el riesgo empresarial a terceros más débiles.

También prevé la responsabilidad en el caso de la figura de la «apariencia creada», como cuando determinados miembros de una persona jurídica difunden o permiten que se difunda su nombre o que se utilice cualquier medio idóneo para inducir una creencia generalizada en la solvencia de la entidad, basada en el supuesto respaldo patrimonial con que ella contaría.

Nuestro CCyC sigue reconociendo y diferenciando a la Persona Jurídica de sus integrantes, y le reconoce identidad propia.

Los administradores no son mandatarios, sino órganos de la sociedad; son representantes de esta que, en cuanto personas individuales, administran y gestionan bienes e intereses ajenos.

En esa actividad de gestión, deben ser lealescon la persona que les encarga la función de administrar sus intereses y obrar con diligencia, tal como lo establece el artículo 159 del CCyC, esto deja atrás el concepto del buen hombre de negocios, ya que está regulando todas las personas jurídicas privadas.

El administrador se debe conducir con la corrección de un hombre honrado, en defensa de los intereses cuya administración se le ha confiado, por encima de cualquier otra consideración, evitando obtener un beneficio particular a expensas de la persona jurídica.

Tiene prohibido contratar con esta, salvo que se trate de contratos referidos a su actividad ordinaria y en las mismas condiciones en que el ente lo hubiera hecho con terceros.

Deberá abstenerse de intervenir en la toma de decisiones en las que tenga un interés contrario a la persona jurídica y no podrá competir con ella

 El artículo 159 del CCyC menciona las siguientes reglas de conducta:

  1. El administrador no puede perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica.
  2. Si en determinada operación los tuviera por sí o por interpósita persona, debe hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o, en su caso, al órgano de gobierno, y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación.

La normativa específica señala los supuestos en los que se encuentra comprometido el deber de lealtad, más allá de que se puedan incorporar situaciones no contempladas normativamente. Genéricamente, la falta de lealtad resulta del simple conocimiento del carácter abusivo o fraudulento del hecho que se juzga, en la época en que este se concreta, sin adoptar las medidas necesarias para impedirlo.(12)

Farina entiende por lealtad el deber de “actuar con honradez y sinceridad, es decir, defendiendo los intereses de la sociedad en el cumplimiento de su objeto

El deber del administrador de actuar con diligencia debe examinarse según las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Halperín, señala que para apreciar en el caso concreto la diligencia de un administrador se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 1. La dimensión de la sociedad. 2. El objeto social. 3. Las funciones genéricas que le incumben y las específicas que le hubieran confiado. 4. Las circunstancias en que debió actuar. 5. La aptitud que es común encontrar en personas que administran negocios similares.

La diligencia que se exige a los administradores de la persona jurídica importa una auténtica responsabilidad profesional que implica capacidad técnica, experiencia y conocimiento. Es diligente quien contrata a especialistas para que lo asesoren en el curso de su accionar como administrador.

Fuente: ERREPAR. Trabajo presentado por FRANCISCO JUNYENT BAS y MARIANA I. MEZA. Compilado por CP Pablo G Fondevila.

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