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Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral: ¿Un aliciente o un nuevo problema a la enfermedad?

El Dr. José María Gambelín, colaborador activo de nuestra consultora, nos ha facilitado el siguiente análisis que ha efectuado sobre la nueva ley que se ha aprobado recientemente, para que la podamos compartir con nuestros seguidores.

El artículo:

El Gobierno anunció con amplia mayoría legislativa –ya había contado con la unanimidad en el congreso- la intención con que buscará el 21 de Mayo de 2014, convertir en ley la “Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral”, buscando así combatir el empleo en negro mediante una baja de aportes patronales a las empresas con menos de 80 empleados.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada fue orador único ayer ante un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda de Diputados, donde dio el informe final sobre el proyecto, que contempla como propuesta, una baja de aportes como incentivo y fuertes penalidades a los incumplidores.

Esta situación nos remonta al año 2004, cuando en materia de Relaciones Laborales se dicta la Ley 25.877, que determina que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ejerce, entre otras competencias, la atribución de fiscalizar el cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social. En este contexto normativo, el artículo 37 de la Ley Nº 25.877 estipula que el Ministerio, en su faz fiscalizadora, cuando verifique infracciones de los empleadores a las obligaciones de la seguridad social, podrá aplicar las penalidades correspondientes, mediante la tipificación, procedimiento y régimen sancionatorio que, a tal efecto, aplica la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Este nuevo régimen abarca dentro de su marco, desde empresas que tienen hasta cinco trabajadores, que no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual.

La propuesta apunta a que este tipo de empleadores, reciban una reducción en las contribuciones patronales de hasta un 50 por ciento de manera permanente y un límite en las cuotas que pueden cobrar las ART en ese sector.

Por su parte, el proyecto contempla, entre otras cosas, la creación de un Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales –de acceso libre y público-, donde muestra quienes incumplen con las normativas laborales; que al tener ese estado, significa para los mismos una sanción no sólo económica sino también social.

En este contexto en su artículo 13, señala las sanciones que implicará tener trabajadores sin registrar, entre las que se destacan la no obtención de créditos, acceso a programas asistenciales, financiamiento, etc que proponga el Estado; así como contratos de suministro, locación, compraventa de Bienes Públicos y Privados del Estado Nacional.

Por otro lado, las empresas de hasta 15 trabajadores van a tener un régimen transitorio para la creación de nuevos puestos de trabajo a través de una disminución de cargas sociales; así como habrá otra escala para las empresas que tengan entre 17 y 80 trabajadores y más de 80 empleados[1].

Otra cuestión planteada por el Ministro ante el plenario presidido por el jefe de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, fue la necesidad de que “El Estado Nacional y las Provincias cuenten con instrumentos para poder detectar casos de Empleo en negro y por tanto ejecutar las sanciones”.-

Teniendo en cuenta que en los últimos años el trabajo no registrado ha aumentado de manera significativa, esta medida podría ser un paliativo, siempre y cuando se adecue el sistema de su implementación y contralor. No podemos dejar de lado, que a comienzos de la década del 80, el empleo “en negro” era menos del 18%, mientras que a comienzos de 2013 es cercano al 35 %. [2]

Compartimos con la doctrina que sostiene, “en un mercado laboral con escasas oportunidades de empleo, el trabajador se ve obligado a aceptar las condiciones de ilegalidad impuestas por su empleador ya que no hacerlo puede implicarle la pérdida de su única fuente de ingresos, asimismo, existen situaciones en las que aceptar la no registración del contrato importa para el trabajador ver acrecentado su ingreso real ante la falta de descuento de los rubros pertinentes y eso muchas veces es utilizados por los empleadores como elemento de negociación que conlleva a la aceptación del trabajador por razones de necesidad o ignorancia en claro detrimento de sus derechos más elementales[3].-

Sin perjuicio de todo lo expresado, corremos serio riesgo que al no contar con la estructura gubernamental necesaria para hacer efectiva una normativa con los fines propuestos, –es decir, tanto recursos humanos como materiales-, donde se pretenda informar e incentivar al Empresario (No solo a gran escala sino las pequeñas Pymes) para que se una al ideario del proyecto y así adaptar un sistema de información y educación para poner en marcha adecuadamente la medida; esta situación más que aliviar los síntomas del enfermo, agraven el cuadro sin posibilidad de retroceso, porque caería en nuevo sistema con fines recaudatorios que nada solucionaría a un flagelo con tantas recaídas, como es el empleo estable en la Argentina.-

 

          Dr. José María Gambelín


[1] http://www.senado.gov.ar/bundles/senadoportal/pdf/pl61_14.pdf / www.telam.com.ar/advf/documentos/2014/04/534c6d9da38dc.doc

[2] Julio Armando Grisolía – Tratado de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social – Tomo I – Pags. 45 y ss.-

[3] Julio Armando Grisolia – Tratado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social – Tomo I – Pag. 713

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